¿Cuales son las claves esenciales de la nueva reforma de pensiones?

El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó el 30 de marzo de 2023  el segundo paquete de medidas del Gobierno en materia de pensiones  que cuenta con el beneplácito de la Comisión Europea y los sindicatos, pero no con el visto bueno de la patronal- pese al voto en contra de PP y Ciudadanos.

El real decreto-ley salió adelante gracias a los socios del Gobierno, que sumaron un total de 179 votos a favor, además de 61 abstenciones, entre ellas, la de Vox. PP y Ciudadanos apostaron por derogarla y aunaron 104 ‘noes’ que fueron insuficientes para hacer prosperar su propósito. Además, la Cámara acordó que el texto sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, defendió en el Congreso la reforma por ser “rigurosa” y porque “elimina incertidumbre y los recortes de reformas anteriores a los pensionistas presentes, pero, sobre todo, a los pensionistas futuros”. También  subrayó que la norma es la “culminación de un proceso prolongado, dialogado y consensuado de modernización del sistema público de pensiones”.

El ministro ha afirmado que la norma blinda el poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros. Trasladamos, ha dicho, a los 11 millones de pensionistas que sus pensiones, no solamente están garantizadas y mantienen su poder adquisitivo en el año 2023, sino que hay "un marco extraordinariamente robusto de sostenibilidad".

Escrivá ha indicado que la reforma introduce la equidad y la sostenibilidad en el sistema, mejora la situación de las personas que tienen carreras irregulares, así como las pensiones no contributivas y las mínimas. Además, reduce la brecha de género en pensiones e introduce un mecanismo de equidad entre generaciones que beneficiará a los pensionistas futuros.

Los ingresos de la Seguridad Social se refuerzan mediante el incremento gradual de las bases máximas y de las pensiones máximas. También se crea una cuota de solidaridad, que se incorporará de forma progresiva para los salarios más altos, partiendo de una cuota de un 1% en 2025, con un incremento de 0,25 puntos porcentuales al año hasta alcanzar el 6% en 2045.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional se refuerza hasta alcanzar los 1,2 puntos porcentuales en 2029. José Luis Escrivá ha argumentado que este mecanismo sustituye al que se estableció en la reforma de 2013 y que suponía que el pensionista podía perder hasta un 30% de su poder adquisitivo a lo largo de su vida.

Además, para los próximos 20 años se establece un régimen dual del periodo de cómputo. Los trabajadores que se jubilen podrán optar por computar los 29 años de carrera descartando sus dos años con peor cotización, o seguir con los 25 últimos años, como en la actualidad.

El ministro ha señalado que esta decisión favorecerá a las personas especialmente vulnerables, que tienen mayores lagunas en su carrera profesional, y a las que ahora son jóvenes porque conseguirán una pensión mayor.

José Luis Escrivá ha resaltado que el complemento de brecha se subirá en los dos  años próximos  un 10% adicional al Índice de Precios al Consumo. Las mujeres con lagunas de cotización tendrán una mejor cobertura, ya que se cubrirán hasta cinco años de vacío con el 100% de la base mínima, frente a los cuatro actuales. El sexto y el séptimo año sin cotizar se cubrirá con un 80% de la base mínima, frente al 50% actual.

Respecto a las pensiones más bajas, mínimas y no contributivas, el ministro ha subrayado que irán subiendo por encima del resto durante los próximos cuatro años, es decir, por encima del Índice de Precios al Consumo, que es el referente de la revalorización.

Por otra parte, se incluye en el sistema de Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas y académicas incluidas en programas de formación.

A juicio del Ministro de Inclusión y Seguridad Social, la reforma es "perfectamente asumible" para el sistema económico y "en ningún caso pone en cuestión la competitividad de las empresas españolas".

Escrivá ha añadido que "es un ajuste modesto porque el sistema ya es bastante sólido y sólo hay que reforzarlo un poquito más". Supone "un esfuerzo pequeño", que no cambia la situación y el perfil de costes laborales de nuestras empresas en relación con nuestros principales consumidores y que, "en ningún caso pone en riesgo el extraordinariamente buen funcionamiento del mercado de trabajo".

En este contexto, el ministro se ha referido a los datos de empleo, en términos desestacionalizados, publicados hoy, que ha calificado de "absolutamente históricos".

Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha manifestado que, con nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, el Gobierno cumple sus compromisos con los ciudadanos y con Bruselas y da por completada la reforma.

Además, ha agradecido a los sindicatos y a la mayoría de los grupos parlamentarios que hayan apoyado un texto que garantiza la dignidad de las pensiones.

Si concretamos más la información oficial del gobierno expuesta anteriormente  y analizamos con más detalle lo aprobado  podemos decir que en el Decreto Ley publicado se destaca ...

Analiza qué aportan empresa y trabajador a la Seguridad Social. Y lo hace por dos vías: cambiando cómo se calculan las bases (el monto sobre el que se calculan los porcentajes) y añadiendo o subiendo algunos impuestos.

Por un lado, establece cómo se calculará la base máxima de cotización, es decir, qué cantidad marca los impuestos máximos a pagar. Así, establece que se subirá cada año, como las pensiones, con el IPC, de forma automática. Además, de 2024 a 2050 a esas subidas del IPC se les sumará un 1,2% adicional. Así, quienes cobren más pagarán más impuestos. En cinco años se evaluará esta medida, promete el texto.

En paralelo, establece un nuevo impuesto, la cotización adicional de solidaridad, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, y que gravará los salarios que excedan de esa base máxima. Esta medida será progresiva e irá subiendo. Así, los ingresos que superen la base máxima en hasta un 10% empezarán pagando, por las cantidades en esa franja, un 2,9% en 2025 hasta alcanzar el 5,5% en 2045, lo que significaría unos 20,6 euros máximos para la empresa y 4,1 para el trabajador. Los que la superen desde el 10 al 50% pagarán desde el 2,5% de 2024 hasta el 6% de 2045, progresivamente. Y los ingresos superiores en más de un 50% a la base máxima un 2,92 para empezar hasta alcanzar el 7%.

La norma también establece reglas para el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (el MEI), un impuesto extra que ya se cobra desde el 1 de enero de este año y que va a ir subiendo progresivamente. Ahora mismo es de un 0,6% en total (0,5% para la empresa y 0,1% para la persona trabajadora), pero irá ascendiendo hasta alcanzar el 1,2% (1 para la empresa y 0,2 para el trabajador) en 2029. Se quedará en esa cifra, si nada cambia, hasta 2050.

Este impuesto no podrá tener deducciones e irá íntegro al fondo de reserva, la llamada hucha de las pensiones. Además de marcar qué desembolso anual se puede hacer por el fondo, el decreto ley publicado hoy relaja los límites para echar mano de esa hucha, eliminando las obligaciones de que haya déficit y el tope del 3%.

A partir de marzo de 2025 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) evaluará la situación de las arcas de la Seguridad Social y la eficacia de estas medidas. Si el gasto se dispara más de lo previsto será obligatorio establecer medidas y, mientras llegan, se podrá subir el MEI.

La norma también establece reglas y subidas extra para algunas pensiones. Suben, entre otras, las pensiones máximas. La norma argumenta que lo hace para ir en paralelo a la subida de las bases de cotización máximas, esto es, a que durante su vida laboral las rentas más altas tendrán que pagar más. Así, las pensiones causadas desde 2025 y hasta 2050 sumarán al aumento por IPC, si lo hay, un 0,115 anual. Las que hayan empezado hasta que acabe 2024, incluidas las vigentes a día de hoy, aumentarán solo con el IPC, como el resto.

Pero después, desde 2051 hasta 2065, el decreto marca subidas extra de esas pensiones máximas, además del IPC, superiores, que irán ascendiendo progresivamente año a año del 3,2% inicial hasta un 20%.

También se establece que el complemento de brecha de género -que está vigente mientras las diferencias entre pensiones de hombres y mujeres superen el 5%- irá ligado al IPC y que se subirá, entre 2024 y 2025, además, un 10% extra.

También subirá la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo. El objetivo es que, con las revalorizaciones anuales del IPC, se alcance, al menos, el umbral de la pobreza para hogares con dos adultos (1,5 veces el unipersonal que marca el INE). Esa brecha se irá cerrado de forma progresiva durante 2024, 2025 y 2026 para alcanzar ese umbral de la pobreza en 2027. Lo mismo se hará con las pensiones mínimas de viudedad con cargas familiares.

A partir del 1 de octubre de este año quienes estén en prácticas regladas porque estudian una carrera universitaria o de formación profesional empezarán a cotizar como trabajadores por cuenta ajena, pero con muchas especificidades. No cotizarán por desempleo, FOGASA o formación profesional y tampoco aportarán al MEI. Las empresas que les contraten tendrán un 95% de deducción en las cotizaciones a contingencias comunes (un 97% en 2023), sean prácticas remuneradas o no.

En el caso de las prácticas no remuneradas, además, cada día de prácticas equivaldrá a 1,61 cotizados, sin superar nunca el número de días del mes. Y su cotización a contingencias comunes será de 2,36 euros al día y de 0,29 por enfermedades profesionales, con un máximo mensual de 60,1 en total, a lo que se restará la deducción anterior.

Quienes hayan hecho este tipo de prácticas en los dos años anteriores a mañana pueden pedir que se les aplique este sistema de forma retroactiva y que ese tiempo les cuente como cotizado.

Si hasta ahora el primer año de excedencia por cuidados contaba como cotizado a efectos de pensiones, ahora ese tiempo sube a tres años. Eso sí, no se tiene en cuenta como cotizado para calcular quién de una pareja tiene derecho a recibir el complemento de brecha de género.

La norma también retrasa la puesta en marcha del observatorio que debía marcar medidas para proteger a los autónomos en caso de actividad, que tenía que haberse puesto en marcha antes de acabar marzo y lo hará, como máximo, el 1 de julio. Y le añade una nueva misión: estudiar medidas para aminorar el efecto en las pensiones de los periodos no cotizados.

Además, amplía hasta los 26 años de la persona a cargo (estaba en 23) la edad hasta la que se puede cobrar prestación económica por cuidado de menores con enfermedad grave. Pero, eso sí, solo se ampliará esos tres años en caso de discapacidad igual o mayor del 65%. Si a alguien se le terminó al cumplir los 23 años, puede volver a pedirla.

Otra de las medidas que se incluyen tiene que ver con las pensiones de personas que cobren, además de la Seguridad Social, de sistemas de otros países. Estas pensiones se revalorizarán también con el IPC sobre el 100% de lo que reciban, también la parte de otros países, siempre que residan en España. Y facilita la resolución, concediendo una provisional mientras se espera la decisión de los otros países.

Y baja las obligaciones de información sobre planes de pensiones privados: si hasta ahora se tenían que enviar al Gobierno cada mes, ahora se hará una vez al año, antes de que acabe marzo.

Para finaliza el Decreto Ley establece que se pagará a los pensionistas que aportaron entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 al pago de medicamentos, cuando deberían haber estado exentos.